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La Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, Esepgua, estuvo representada por su gerente Andreina García Pinto, en el Foro Nacional sobre Vivienda y Población Indígena, organizado por la Contraloría General de la República. En dicho espacio, se mostró al departamento como ejemplo en ejecución de iniciativas en territorios indígenas.
El evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Montería, contó con la participación de altos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos: la viceministra de Vivienda, el vicecontralor de la República y el gobernador de Córdoba, quienes debatieron sobre los aciertos y desaciertos en la construcción de infraestructura en territorios indígenas.
Durante su intervención García Pinto manifestó que: “es necesario reglamentar la normativa de vivienda vigente, en donde las comunidades indígenas puedan acceder a subsidios. Hoy, como está la política pública de vivienda no permite acceder a una vivienda a comunidades wayuu, se exige titularidad de predios lo que va en contra de su reglamentación cultural”.
La funcionaria también expresó que: “tampoco hay acceso a los servicios públicos domiciliarios como lo exige la normativa vigente, hay que entrar a revisar los proyectos que se planean con enfoque diferencial en el territorio, así como con las mismas autoridades y organizaciones que trabajan por la integridad cultural del pueblo wayuu; pues son voces cruciales en el entendimiento de las dinámicas étnicas”.
Durante el panel, se destacó la importancia de proyectos que respeten la cosmovisión y las tradiciones culturales de cada etnia, un enfoque que ha sido fundamental en el trabajo de la gerente Andreina García, quien ha liderado con éxito proyectos de agua potable y saneamiento que han transformado la calidad de vida de estas comunidades, respetando sus creencias y valores ancestrales.
Al finalizar el panel, la Contraloría General de la República hizo un fuerte llamado a que se reglamente la política pública de vivienda de acuerdo a la cosmovision de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta un estudio realizado por la entidad, en el que el 80% de los beneficiarios de las viviendas dicen no estar de acuerdo con la misma.
