Inicio
La Corte Constitucional ordenó al gobierno Petro, en un plazo de un mes, presentar de manera completa el plan de acción destinado a abordar la crisis derivada de la muerte de menores de edad en el departamento de La Guajira. La decisión se dio luego de que la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional revisara el documento relacionado con el Plan de Acción Integrado y Unificado.
Así mismo, el alto tribunal expresó su preocupación al señalar que “aunque el plan intenta presentarse como un documento integrado y articulado, el desarrollo de cada uno de los derechos no muestra evidencia de haberse llevado a cabo con el mismo rigor”. En particular, se destacó que cuatro de los cinco componentes del plan vinculados a los derechos al agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud no están suficientemente claros.
Cabe recordar que en 2017, la Corte Constitucional declaró una grave crisis humanitaria, por la vulneración sistemática de los derechos de los menores Wayuú por la alta tasa de mortalidad asociada a la desnutrición, que se ubicaba en un 32.54 % por cada mil niños menores de cinco años, cuando la media nacional era del 6,76 %.
Adicional a esto, la Corte señala que de cinco componentes de este plan que contempla un presupuesto de 1.2 billones de pesos, no cumplen los componentes de derecho a la información (con un presupuesto de $38.292.329.113); derecho a la seguridad alimentaria ($513.289.073.341); derecho al agua ($300.786.113.531); ni derecho a la salud ($59.933.914.092).
La Corte Constitucional resaltó que las acciones propuestas para cada derecho deben regirse por objetivos, parámetros técnicos y condiciones que requieren un examen detenido para su aprobación. Anteriormente, la Corte Constitucional había emitido medidas cautelares para proteger a los menores en riesgo en La Guajira y había ordenado la elaboración de un Plan Provisional de Acción por parte de varias entidades.
En respuesta a esta situación, la Corte instruyó a la Presidencia de la República y a diversas entidades gubernamentales, incluyendo los ministerios de Salud, Vivienda, Ciudad y Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, así como a organismos como el DANE, el ICBF, la Superintendencia Nacional de Salud y otros, a ajustar el Plan de Acción Integrado y Unificado.
Con información de El Colombiano
