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Comunidades indígenas agrupadas en la organización Nación Wayuu, mantienen bloqueada la entrada principal de las Minas de Cerrejón, rechazando el pronunciamiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- y exigiendo la entrega de copias de los contratos suscritos con las empresas que transportaron a funcionarios nacionales, durante un recorrido que realizaron por las zonas de influencia de la mina y la red férrea.
El bloqueo impide el acceso a través de la entrada principal a zonas como Mushaisa, oficinas principales, talleres, y los tajos mineros. Esta entrada conocida también como ‘Papa 1’ concentra el mayor flujo de personas y vehículos, que a diario realizan diversas actividades en esta mina, considerada la más grande a cielo abierto.
“Tratando de entender el pronunciamiento de la DANCP, se nos hace difícil creer la falta de rigurosidad, análisis, seriedad, profesionalismo para determinar que la empresa Cerrejón no apareció ayer, sino que lleva 40 años explotando nuestros recursos naturales y transitando por nuestro territorio ancestrales, ocasionando todo tipo de afectaciones e impactos tal como lo reconoce la Sentencia T-704 de 2016”, dicen los miembros de Nación Wayuu.
Denuncian que: “durante las visitas realizadas en el mes de octubre y noviembre a las comunidades indígenas con participación de la DANCP y la empresa Cerrejón, se pudo evidenciar que los funcionarios de la empresa Cerrejón prejuzgaban a las comunidades, señalando que se encontraban muy retiradas e incidiendo en los funcionarios de la DANCP para sesgar la información que por directriz debían tomar en campo, lo que fue puesto en manifiesto en audiencia pública y que fue obviado por los funcionarios reincidiendo en el error”.
En una carta enviada a la presidencia de la República, ministerios, a la senadora Martha Peralta y medios de comunicación, Nación Wayuu solicita al Ministerio del Interior, información sobre el número del contrato mediante el cual se le brindó transporte a los profesionales de la DANCP para realizar las visitas con la empresa Cerrejón, o si, por el contrario, el ministerio del interior o ninguna entidad adscrita a este ministerio suscribió contratos para tal fin”.
Igualmente, piden que se informe quién realizó dicha contratación, así mismo se informe el perfil y la experiencia de cada funcionario contratado para los ejercicios realizados y basados en facultades legales y constitucionales presentan recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución ST-2031 del 22 de diciembre de 2023.
“Estaremos cerrando de manera definitiva nuestros territorios ancestrales, esperando del señor presidente de la República total e irrestricto respaldo a estas justas y legítimas reclamaciones, dejando constancia que cualquier, hostigamiento o ataque de la fuerza pública y/o de agentes externos en contra de estas manifestaciones legítimas y en derecho será única y exclusiva responsabilidad de la empresa Cerrejón y de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa liderada por el Señor Álvaro Echeverry, como director de esta entidad”.
