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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar, por una posible omisión de sus funciones, relacionadas con la atención que deben brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata de sus ciudades.
Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades.
En la capital de La Guajira se inició investigación contra el alcalde, José Ramiro Bermúdez Cotes. El Ministerio Público encontró en los centros de detención transitorios un hacinamiento del 242 %, pues a pesar de contar con solo 50 cupos, al 8 de marzo pasado permanecían en el lugar un total de 121 personas.
La Procuraduría detectó en las distintas estaciones problemas para identificar a las PPL y efectuar su posterior remisión a los establecimientos de reclusión.
Finalmente, se abrió investigación contra el alcalde de la capital del Cesar, Mello Castro González, luego de evidenciar un hacinamiento del 930 % en la Estación de Policía La Permanente, donde se encontraron 558 PPL pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60 personas.
Además, no cuentan con un lugar adecuado para recibir visitas y los agentes deben prestar sus celulares y planes de datos para que los detenidos puedan conectarse a sus audiencias judiciales.
Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a los mandatarios locales relacionar las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento.
Con la apertura de las investigaciones, la Procuraduría busca establecer si en el periodo constitucional de los citados mandatarios se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales, específicamente las de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros.
