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Más de 4.000 miembros de las comunidades Emberá Dobidá, Emberá Chamí, Eyabida, Zenú y Tule, provenientes de 28 municipios de Antioquia, se reunieron en el Décimo Segundo Congreso Departamental Indígena. En este encuentro, se consolidó el respaldo a la consulta popular que impulsará el Gobierno Nacional en favor de la reforma laboral.
El evento encabezado por la senadora indígena Martha Peralta, presidenta del partido MAIS, dio inicio a la campaña del Pacto Histórico para promover esta iniciativa del presidente Gustavo Petro.
La congresista ha convocado a la unidad de las comunidades indígenas para asegurar el triunfo en la consulta popular y, de esta manera, avanzar en las reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
“No podemos permitir que nos sigan excluyendo de las decisiones que afectan nuestra vida y nuestros territorios. La consulta popular es una herramienta fundamental para exigir reformas y condiciones dignas para nuestras comunidades”, enfatizó la senadora.
La congresista resaltó que las comunidades indígenas han enfrentado históricamente problemas como el desplazamiento forzado, la falta de acceso a la educación y la salud, por lo que considera que la consulta popular representa una oportunidad crucial para garantizar sus derechos fundamentales.
El compromiso de la dirigencia indígena es convocar y organizar a sus comunidades para garantizar una participación masiva en favor del Sí en la consulta popular. Para ello, se implementará una estrategia de pedagogía y movilización, liderada por la senadora Peralta, con el objetivo de que los pueblos indígenas conozcan y respalden este proceso de manera informada y decidida.
“Si estamos unidos y bien organizados, lograremos que la consulta popular se convierta en una verdadera herramienta de cambio para nuestros pueblos”, afirmó Peralta.
Aunque aún no se ha definido la fecha exacta para la convocatoria a las urnas, se espera que el Gobierno presente la solicitud ante el Senado en los primeros días de abril. La plenaria tendrá un mes para pronunciarse sobre la iniciativa y, en caso de ser aprobada, las elecciones deberán realizarse dentro de los tres meses siguientes.
