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El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, rechazó las recientes amenazas de las disidencias de las Farc, que ponen en peligro a los funcionarios de la Registraduría y atentan contra la seguridad de los candidatos de las diferentes agrupaciones políticas, para las elecciones de autoridades locales que se realizarán el 29 de octubre de 2023.
“Es deber de la Registraduría pronunciarse rechazando de manera categórica el comunicado de la semana pasada del grupo que delinque en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que atenta contra las garantías de los comicios en curso, ponen en riesgo las condiciones de equidad del certamen electoral y amenazan el debido cumplimiento de la función de los registradores municipales y demás trabajadores de la entidad” dijo.
Así mismo, el Registrador Nacional solicitó, de manera urgente, al Gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral durante las elecciones territoriales 2023 y afirmó que no se puede hablar de elecciones libres ni con garantías, si los alcaldes de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) están despachando por fuera de sus municipios.
“La semana pasada presentamos el mapa de riesgo electoral que se hizo de manera direccionada por parte de la Policía Nacional, allí se evidencia cerca de 74 municipios en riesgo electoral, pero con esta notificación que nos hace este grupo en contra de todos los actores de la política colombiana queda claro que nos tenemos que unir, por eso le pido al Gobierno nacional que se retorne a estos cuatro alcaldes, no se puede hablar de elecciones libres y transparentes, si ellos no están despachando desde sus municipios”, puntualizó.
Por último, recordó que desde la Registraduría Nacional se garantizará la operación logística para que las mesas de votación lleguen a todos los rincones del país y sean de libre ejercicio democrático, y confirmó que no está previsto el traslado de ninguna de dichas mesas por temas de orden público.
“Hasta el momento, la Registraduría no contempla trasladar ninguna mesa, confiamos plenamente en el Gobierno, en las Fuerzas Militares y de Policía, en que no tendremos que correr ni puestos ni mesas de votación, sería un retroceso al año 2002 donde teníamos que aplazar o suspender elecciones. Con la activación de las operaciones militares, esperamos que el territorio se recupere y las zonas que están en el mapa de riesgo electoral sean priorizados”, señaló.
