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Prosperidad Social espera superar la meta establecida con su programa de producción de alimentos en La Guajira, para responder a compromisos frente a la Sentencia T-302, con la que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la protección especial de derechos para las comunidades wayuu.
Así lo expresó la subdirectora de Programas y Proyectos de la entidad, María Fernanda Rojas, quien participó este jueves en la Mesa de seguimiento de los compromisos y acciones del derecho a la seguridad alimentaria, en el marco del Plan de Acción Provisional de esa sentencia.
En respuesta al compromiso establecido para responder a la crisis en el departamento, Prosperidad Social implementó un proyecto para desarrollar 2.400 unidades productivas de alimentos para el autoconsumo (UPAA), en las comunidades wayuu de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Así respondió al objetivo 2 del fallo, que señala la necesidad de mejorar los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria en La Guajira.
2.100 hogares fueron atendidos durante la intervención realizada entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. Con las lecciones aprendidas de la primera intervención, Prosperidad Social realizó un ajuste en la metodología, para atender a 300 hogares faltantes, mediante una intervención comunitaria. La entidad ha venido trabajando de la mano con las 74 comunidades indígenas de Manaure, lo que le permitirá llegar a cerca de 2.450 hogares en total; es decir, que superará la meta inicialmente establecida en el compromiso.
Con las UPAA, la entidad promueve el acceso y consumo de alimentos saludables en poblaciones pobres y vulnerables, a través de la producción de alimentos para el autoconsumo, y la promoción de una alimentación y estilos de vida saludables.
