La Sala Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sanción que el Tribunal Administrativo de La Guajira impuso en mayo de este año a la gobernadora encargada de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, por desacatar lo ordenado en la sentencia T-415 de 10 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional que exige garantías de agua potable para la comunidades indígenas.
La acción fue interpuesta por lideres wayuu de cuatro comunidades indígenas del municipio de Uribia al considerar que se les está vulnerando derecho fundamental a la vida, el mínimo vital de agua potable, por lo que interpusieron una tutela al Ministerio de Ambiente y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribia.
La decisión también sancionó a Ediñho De Jesús Vides Guerra en calidad de gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica de Uribia SAS ESP. El Consejo de Estado exhorta a las comunidades indígenas, para que presten toda su colaboración a las entidades nacionales y territoriales.