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La Procuraduría General de la Nación, como parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 y a las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias (Fenómeno del Niño 2024), le solicitó información a la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD) sobre las acciones que se están implementando para brindar accesibilidad y calidad del agua potable para la población Wayuú en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, municipios de La Guajira.
El ente de control pidió a esa entidad el estudio y los conceptos técnicos que determinaron como la mejor solución de corto plazo para el abastecimiento de agua en La Guajira, la adquisición de los carrotanques, así como la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos para el acceso de la población a agua potable.
Así mismo, el organismo requirió información sobre la distribución y frecuencias de las entregas específicas para cada municipio por parte de los carrotanques que están funcionando, cómo se determinaron estas rutas y sus frecuencias, y la respectiva socialización con las administraciones municipales sobre esas rutas de distribución. En este aspecto, también solicitó se informara cuáles son los puntos de captación de agua identificados para abastecer los carrotanques adquiridos y subcontratados por la UNGRD.
El Ministerio Público indagó sobre si se está dando cumplimiento a que la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira haga las inspecciones a los carrotanques y pilas públicas, a efectos de asegurar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente que regula la calidad del agua.
Para la Procuraduría, llama la atención que, en la pasada mesa de trabajo realizada el 21 de febrero, el subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, indicara que es la misma entidad la que toma muestras aleatorias al agua de los carrotanques y las procesa en sus laboratorios.
Finalmente, en cuanto a la articulación de las acciones con otras entidades y el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio y frente al Plan de Acción Integrado y Unificado 2023, presentado por el Gobierno Nacional ante la Corte Constitucional en el marco de la sentencia T-302 de 2017, la Procuraduría pidió se informara sobre el número de Puestos de Mando Unificados (PMU) realizados; las mesas de diálogo y las mesas de monitoreo, ajustes y continuidad que se convocaron y realizaron por parte de la UNGRD, y cuál fue la participación de las autoridades tradicionales del pueblo Wayuú en esos espacios.
