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Las demoras en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- tienen en riesgo a por lo menos 1, 2 millones de menores en el territorio nacional que esperan su continuidad.
Las alertas las prendió la Procuraduría luego de un barrido hecho por distintas zonas del país evidenciando los graves problemas que enfrenta la entidad con los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y el inicio en la ejecución de los mismos, lo que ha generado graves inconvenientes a los derechos de los niños, niñas y madres gestantes.
En las diligencias de seguimiento, el ente de control constató la falta de planeación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo para la contratación del servicio y los retos que este acarreaba, quedando corta ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también constató que el ICBF, desde finales del 2023, debió tener un alto porcentaje de avance en los procesos de contratación, sin embargo, esto no sucedió y, por el contrario, agravó aún más la situación al no contar con un plan B que previera la prestación del servicio.
Un caso palpable por la preocupante situación que se vive es lo que sucede el departamento de la Guajira, en donde por lo menos 44 mil niños de la comunidad wayúu padecen la falta del Programa de Primera Infancia, el cual contempla educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias, entornos protectores y espacios a los menores y madres gestantes.
Y es que la incertidumbre aumenta y genera gran preocupación para el ente de control al conocer que de 1.325 zonas ofertadas para que el ICBF presté sus servicios, a corte del 26 de febrero de 2024, se han declarado desiertas 240 zonas y de las restantes que resultaron elegidas ni siquiera se han suscrito los respectivos contratos ni se ha iniciado la ejecución de estos.
Ante el preocupante panorama, el ente de control instó nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- a que agilice la contratación de los servicios en pro de la defensa los derechos de la población infantil.
