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El vicecontralor en funciones de Contralor General de las República, Carlos Mario Zuluaga, declaró de ‘Impacto Nacional’ los hechos relacionados con la presunta adquisición irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el municipio de Uribia y sus alrededores, en el departamento de La Guajira.
Lo anterior a fin de que la Unidad de Investigaciones y Lucha contra la Corrupción adelante una investigación especial sobre los últimos cuatro (4) años de contratación de esta entidad, todo esto después de que en una indagación preliminar que ha venido realizando la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura se establecieron situaciones y conductas con posibles incidencias fiscales, disciplinarias y eventualmente hasta penales.
El contralor General en funciones ha ordenado la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exdirector general, los exsubdirectores general y de atención de desastres de la UNGRD y de los representantes legales de las 3 empresas que presentaron cotización para esta orden de proveeduría, así como revisar y evaluar las actuaciones del proveedor de los camiones o chasises.
Estos exfuncionarios no solamente serán vinculados como presuntos responsables fiscales dentro de la investigación formal que realizará la Unidad de Investigaciones especial contra la corrupción, sino que también se decretarán medidas cautelares en su contra, precisó el Contralor en funciones.
La CGR preliminarmente ha determinado un presunto sobrecosto de más de $7.760 millones (exactamente $7.760´009.410), a partir de un análisis del costo unitario de cada carrotanque nuevo puesto en La Guajira y realizado a partir de cotizaciones obtenidas por un equipo de la Delegada de Infraestructura, el cual determinó que el valor total, sin incluir IVA, de los 40 carrotanques debió ser de aproximadamente $31.567 millones y no los $39.327 millones pagados a la firma Impoamericana Roger SAS, antes de IVA..
Gracias al trabajo investigativo de la DIARI de la CGR, se pudo establecer, entre otros varios, que las tres (3) empresas cotizantes tienen vínculos entre sí, tales como que hay una relación conyugal entre la propietaria de una ellas (Brand SAS) y el representante legal de otra de ellas (Luket SAS), Sandra Liliana Brand Pantoja y Luis Eduardo López Rosero, respectivamente.
Así mismo, en el año 2023, la empresa Luket SAS pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social del señor Roger Alexander Pastas Fuertes, quien para la fecha de la cotización y firma de la Orden de Proveeduría, fungía como representante legal de la empresa Impoamericana Roger SAS, que fue la adjudicataria de dicha la Orden de Proveeduría. Lo anterior significa que las tres empresas cotizantes tenían vínculos formales y que entonces no hubo escogencia aleatoria de ellas y tampoco la debida competencia entre ellas.
También encontró la Contraloría que la empresa adjudicataria Impoamericamana Roger SAS era la de menor capacidad entre las tres cotizantes; en su objeto social no estaba incluida la venta de carrotanques y que tenía un escaso capital de trabajo de $207 millones para responder y cumplir por un contrato de $46.800 millones”, señaló el Contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga.
