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El año 2024 lleva más de 60 días en curso, el mismo tiempo que lleva el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sin iniciar operaciones en el departamento de La Guajira, afectando directamente a cientos de familias de escasos recursos que dependen de estos servicios de atención.
En ese sentido, desde muy temprano este lunes 04 de marzo, la sede principal de la entidad en Riohacha, se encuentra cerrada debido a una protesta que realizan operadores, madres comunitarias, trabajadores y padres de familias, que miran con preocupación que el tiempo va pasando, y no se dan soluciones al problema de los contratos.
Cabe resaltar que, desde la semana pasada el sindicato de trabajadores de la entidad había lanzado un ultimátum para que dichas contrataciones iniciaran: “La prioridad es garantizar el bienestar y la protección de los niños y las familias que dependen de los programas y servicios proporcionados por esta entidad”, expresa Alfredo Simanca, vocero del sindicato.
Por su parte, la directora nacional del Icbf, Astrid Cáceres denunció a través de su cuenta de X corrupción dentro de la entidad: “Se encontró que 220 contratos estaban en manos de 59 operadores que tenían en varias características: mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance”.
Entretanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó en las últimas horas que ha diseñado un plan de transformación para democratizar la contratación, de esta manera, según la entidad, las comunidades serán las encargadas de garantizar que los recursos estén dirigidos exclusivamente al cuidado de la niñez.
Por el momento no se vislumbra una solución pronta a esta situación que afecta a decenas de familias que dependen de estas contrataciones, así como cientos de niños y niñas que se benefician de los servicios de atención a la primer infancia, los cuales debieron comenzar en el mes de enero y aún no inician.
Finalmente, en las instalaciones del ICBF regional Guajira permanece un grueso número de personas con pancartas y arengas para presionar e instar la puesta en marcha de los programas y la contratación respectiva del personal. “No a la vulneración de los derechos de los niños y niñas”.
