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En Colombia y México, pese a los importantes avances legales que reconocen el matrimonio igualitario, la identidad de género y criminalizan la discriminación hacia las personas LGBTIQ+, aún persiste una alta tasa de violencia y desigualdad. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia durante el 2022 se atendieron 394 casos de violencia por prejuicio. En tanto, la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida de México, registró 87 asesinatos de odio ese mismo año contra esta comunidad.
Frente a esta problemática, la hoy graduada Denise Lomeli López de la Universidad de Guadalajara, junto a la docente Clara Judith Brito Carrillo de la Universidad de La Guajira, lideraron una investigación con el objetivo de realizar un análisis comparativo de las políticas públicas colombo-mexicanas, relacionadas al estado de bienestar jurídico y social de la población LGBTIQ+ y su verdadero cumplimiento.
Para llevar a cabo este proyecto, se consideró el ordenamiento jurídico referente a la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia y México, que incluían distintos decretos, leyes, y programas a nivel nacional. De igual forma, se realizaron entrevistas en profundidad a personas de ambos países, identificadas con una identidad, expresión de género u orientación sexoafectiva diversa.
Entre los resultados obtenidos se destaca que 6 de cada 10 personas LGBTIQ+ ha vivido algún tipo de discriminación y que el 53% reportó ante las autoridades correspondientes alguna agresión física, acción de odio o acoso. Además, se encontró una poca credulidad en cuanto a las investigaciones relacionadas a delitos conforme a orientación sexual o identidad de género por parte del Estado y las instituciones públicas y de la misma manera, que los actos de repudio en contra del estado de bienestar jurídico y social de la comunidad LGBTIQ+ son regulares e ininterrumpidos.
De acuerdo a lo indicado por Denise Lomeli, es notoria la ineficiencia de la aplicación del marco jurídico colombo-mexicano que garantiza los derechos y obligaciones de la población LGBTIQ+, de forma que menguan la credibilidad en las políticas públicas, normas, programas, y hasta servidores públicos, en cuanto al apoyo que pueden recibir las personas con sus derechos vulnerados por su identidad o preferencia sexoafectiva diversa.
“Hay mucho por visibilizar y acabar. Diariamente se siguen presentando crímenes de LGTBIfobia que perjudican aspectos laborales, escolares, de salud, dignidad y vida”, expresó la graduada de Licenciatura en Derecho quien además expuso la importancia de trabajar desde los diferentes sectores en la construcción de espacios seguros, con el ideal de alcanzar un ambiente igualitario para todos.
Por su parte, la docente Clara Brito Carrilo agregó que es necesaria la implementación y/o modificación de políticas públicas efectivas, acordes a las necesidades de la comunidad LGBTIQ+ colombo-mexicana, reforzadas en una divulgación masiva para que su reconocimiento sea efectivo y veraz. “Realizar campañas de sensibilización a nivel nacional que promuevan una cultura de respeto por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y rompan con los prejuicios que da lugar a la violencia y discriminación que enfrenta este grupo poblacional es crucial para un verdadero cambio social”, explicó la académica.
En el estudio se concluye con que dichas políticas públicas deben considerar aspectos de fácil accesibilidad, disponibilidad y calidad para toda la sociedad, mediante la capacitación en aspectos de servicios de salud, educación, trabajos dignos y justicia para todos. Así como también implementar en organizaciones gubernamentales y privadas, reglamentos que repudien las acciones de bullying LGTBIfóbico y promuevan la inclusión en todos los sectores.
Conviene señalar que el proyecto se realizó en el marco de un intercambio internacional de estancia de investigación con el Programa Delfín, donde los estudiantes y docentes de las instituciones participantes tienen la oportunidad de reforzar sus habilidades investigativas por medio de la producción académica y participar en redes científico-tecnológicas multinacionales.
Durante el estudio también participaron como investigadoras de apoyo las profesoras del programa de Trabajo Social de la Universidad de La Guajira Linda Tivisay De La Hoz Lindo, Sayuris Yelind Martínez Salas y Katerine Yohana Solano Brito.
