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Al menos 120 familias habitantes de Limón del Carrizal, La Laguna, Guamaca y Mucura, comunidades ubicadas entre Riohacha y San Juan del Cesar, La Guajira, tuvieron que abandonar su territorio debido a enfrentamientos entre grupos armados que pusieron en riesgo sus derechos territoriales y a la integridad, así como a la pervivencia física y cultural. Entre las familias que se vieron forzadas a desplazarse se encuentran 142 niños y niñas y ocho mujeres gestantes, según los reportes de las organizaciones de víctimas.
Las comunidades desplazadas han habitado ancestralmente un territorio que desde hace décadas es disputado por los grupos armados. La más reciente amenaza ya había sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Desde 2018, la Defensoría del Pueblo elevó una alerta estructural sobre la región, por presiones y amenazas de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.
El 21 de junio de 2023, precisamente, el SAT emitió una alerta inminente por la disputa territorial entre los ‘Pachencas’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), grupos armados cuya presencia y actividad violenta en esta región estaba advertida desde 2018. En la alerta del año pasado, el SAT identificó la ocurrencia de masacres, homicidios selectivos, extorsiones, estigmatización, amenazas, regulaciones a la movilidad, imposición de horarios y normas de conducta, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de reclutamiento de menores, enfrentamientos que han dejado en medio a la población civil, como también la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes.
El Pueblo Indígena Wiwa, en efecto, lleva años en riesgo de desplazamiento. A ojos de la Comisión Étnica de la JEP, sus estrategias de resistencia ante el exterminio dentro del territorio se agotaron. Esta no es la primera vez que personas de esta comunidad deben desplazarse para salvar sus vidas, pese al riesgo que supone la ruptura con su territorio ancestral. La JEP rechaza este desplazamiento que, según las denuncias de las comunidades, ocurrió en medio de condiciones de inseguridad ya denunciadas por las autoridades territoriales, la vigilancia mediante drones y la latente amenaza sobre sus vidas.
El Estado está obligado, como con cualquier otro pueblo en riesgo, a prevenir su desplazamiento del Pueblo Wiwa. Cuando el desplazamiento sea inevitable porque responde a una decisión de supervivencia, la obligación del Estado es acompañar para prevenir que los pueblos pierdan aún más el control sobre su plan de vida.
El Pueblo Indígena Wiwa, a través de sus autoridades, es interviniente especial en varios casos de la JEP que investigan graves crímenes que históricamente han puesto en jaque su pervivencia y los han acercado al filo del exterminio. Asegurar la no repetición de la barbarie que ya ha sometido por décadas a los pueblos indígenas de Colombia, y al Pueblo Wiwa revictimizado en las últimas horas, es una obligación que compete a toda la institucionalidad del Estado.
La JEP hace un llamado a las autoridades locales y nacionales para que desplieguen eficazmente sus competencias para brindarle toda la atención a la que tiene derecho. Para ello es fundamental la coordinación interinstitucional de las entidades territoriales, distritales, municipales y departamentales, entre ellas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Defensa Nacional para asegurar un plan de retorno sostenible y seguro, en el que se garantice el ejercicio del gobierno propio y de las formas de vida de su cosmovisión.
