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Durante la Audiencia pública realizada por la Corte Constitucional sobre la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, reiteró que el decreto 1058 del 2023 permite tomar decisiones rápidas para atender la crisis en ese departamento, con acciones concretas como llevar agua potable a las comunidades Wayuu.
En su intervención ante el Alto Tribunal, Astrid Cáceres destacó la labor que ha realizado el ICBF para formular un mejor modelo de atención que permita detener las muertes de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición en el departamento, replanteando la mirada que se tiene desde el nivel central a La Guajira
“Para que no sigan llegando niños a un estado de desnutrición irreversible el agua tiene que ser la prioridad, estas decisiones de emergencia son las que nos ayudan a definir las acciones estructurales que van en camino”, declaró la Directora General del ICBF. Y agregó: “Saltamos de unas decisiones tomadas en el Plan Nacional de Desarrollo a varias de emergencia, porque los niños y niñas Wayúu no esperarán. El agua para el consumo humano es la prioridad”.
La escasez del agua potable para el consumo humano y la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos fueron los motivantes para el Decreto 1085 de 2023 que declaróla emergencia económica, sociao y ecológica en el departamento de La Guajira.
