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Luego de verificar la situación de 315 indígenas wiwa, desplazados por combates entre grupos armados ilegales en el corregimiento Juan y Medio en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que permanecen en la Casa Indígena de Riohacha desde hace más de un mes, se determinó que la atención que reciben es insuficiente.
En ese sentido, la Procuraduria General de la Nación solicitó a las entidades del orden nacional y regional responsables de la atención a víctimas, realizar una intervención urgente en este y otros albergues de la ciudad, donde hay cerca de 1.000 personas entre indígenas y afrocolombianos desplazados por estos mismos hechos, ocurridos desde el pasado 25 de febrero de 2024.
En declaraciones posteriores a la reunión con los representantes de estas comunidades, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmieto, aseguró que la atención que se está prestando a estas víctimas es insuficiente por parte de la administración local, e inexistente por parte de Gobierno Nacional, persiste la escasez de agua,hay hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad, mujeres gestantes y lactantes.
Sarmiento hizo un llamado a las entidades nacionales para hacer presencia y capacitar a las nuevas administraciones locales sobre la normatividad y procedimientos con enfoque étnico diferencial para atender de manera adecuada a esta población, teniendo en cuenta sus usos y costumbres.
También requirió a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata en territorio para restablecer el orden y así evitar más casos de reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales y generar las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de estas comunidades lo antes posible.
